La vía republicana.

La conmoción que ha supuesto para la ciudadanía la reciente abdicación del rey Juan Carlos no ha pillado de sorpresa a los partidos políticos analizando sus reacciones. Como es lógico y normal el monarca habría ido avisando a partidos para que su reacción fuera la de la supuesta estabilidad que estamos viendo que quieren plasmar estos días.
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Una vez aceptado el consenso de la Constitución, parece que la misma no tuviera posibilidad de ser reformada parcial y completamente, aunque esta lo contemple. La alineación del PSOE con esta teoría de congelación de la Constitución a lo sucedido en 1978 y la aceptación sin debate de la renovación automática del contrato de los Borbón a la jefatura del estado esconden más miedo al futuro, que un espíritu de ganar al pasado.

No hay excusas válidas. Lo primero que quiero en este artículo, es pelear contra los tópicos de las excusas que están poniendo un montón de presuntos republicanos, para no apoyar que se pare a debatir si la sucesión debe ser automática, o podemos replantear la Constitución y la forma del Estado (entre otros debates aún no cerrados que debilitan nuestra democracia)

Primera excusa:  El PSOE está con la Constitución.  Cierto, como todos los partidos, incluidos Bildu o el mismo VOX, todos aceptamos las normas de convivencia. Pero hay que hacer memoria de como sucedieron los actos en 1978. Recordamos que:

“Con la abstención de los socialistas, todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Constitucional (UCD, Alianza Popular, comunistas, Minoría Catalana y PNV) aprobaron ayer el párrafo tercero del artículo primero del anteproyecto de Constitución, que establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español” Lee el resto de la información en EL PAÍS 12 MAY 1978

Estar con la Constitución no solo significa seguir a puntillas lo que se dice para la sucesión, también significa garantizar los derechos de participación, hacer partidos políticos que cumplan con los objetivos por los que fueron creados y sobre todo para representar y dar legitimidad a las decisiones colectivas que se toman por medio del sistema de elecciones y voto. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que algunos artículos no se cumplan tal cual.

Que los grupos parlamentarios impongan votaciones, según las direcciones de los partidos, debería de estar peor visto de lo que está dado que en el Art.67.2 de la CE se proclama claramente “la prohibición del mandato imperativo” Su lectura ofrece pocas interpretaciones al azar, es bien claro. Merece la pena que lo leáis, aunque haya que detenerse un rato:

III. La prohibición del mandato imperativo

1. La regla contenida en el art. 67.2, por la cual se prohíbe el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales, es, sin duda, la más trascendente de las contenidas en el art. 67.

     Se trata de la respuesta a una de las exigencias estructurales vinculadas al corazón mismo de los Estados constitucionales tal y como estos surgen frente al Estado absoluto que les precedió. En el régimen preconstitucional la relación representativa estaba fundamentada en el modelo de base iusprivatista por el cual el representante recibía un mandato cerrado, lo cual hacía del mismo más un apoderado con instrucciones tasadas y no interpretables que un auténtico representante.

     Este modelo del mandato imperativo instrumentado por ejemplo en los célebres cáhiers doleance franceses, impedía claramente el ejercicio de una acción representativa digna de tal nombre y llevaba a que las reuniones de las Asambleas absolutas (estamentales, además) fuesen más una reunión inconexa de delegados, que la auténtica sesión de un órgano unitario. Por otra parte, el conocimiento previo del mandato otorgado a los procuradores permitía a monarcas poco escrupulosos la compulsión (incluso física) sobre el representante.

     Por ello los teóricos liberales y los revolucionarios que ponen en práctica aquellas doctrinas convierten la supresión del mandato imperativo en auténtico banderín de enganche de los nuevos tiempos. La explicación es lógica. Ya no hay un mero agregado de delegados inconexos. Ha surgido un nuevo sujeto: la Nación y es ésta quien, como titular de la soberanía dicta la verdadera voluntad del Estado. Siendo así, no hay una voluntad previa preconstituida o preexistente a la propia de la Nación. Los representantes con su debate, deliberación y votación, contribuyen a configurar la voluntad nacional, pero no en función de los concretos intereses de sus electores y, menos aún, en calidad de mandatarios, sino como miembros del Parlamento Nacional, auténtica expresión de la nueva soberanía.

     La consecuencia lógica no se hace esperar: La prohibición del mandato imperativo va acompañada de la configuración de los votantes como cuerpo electoral cuya tarea es elegir a la Cámara pero cuya voluntad no puede predeterminar en modo alguno la libre voluntad del representante. Aún más, la firme convicción del liberalismo de que el libre debate en el Parlamento es la  conditio sine qua non para la adopción de una decisión coherente con el interés nacional exige la más absoluta libertad del representante, que en modo alguno puede verse coartada por aprioris o mandatos esencialmente perturbadores.

2. Esta concepción, que en buena parte llega hasta nuestros días (bien que sometida a profundas críticas como luego se verá), tiene en nuestro sistema constitucional tres claros elementos de referencia:

2.1. El pueblo español es el titular de la soberanía nacional y de él emanan todos los poderes (art. 1.2)

2.2. Son las Cortes Generales quienes representan al pueblo español (art. 66.1) y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2.3. Como consecuencia de lo anterior, la relación representativa que cada diputado o senador como miembros de las Cortes Generales tiene, proviene  de sus electores, pero en el ejercicio de su función representativa no cabe la imposición de ninguna mediación ni de carácter territorial ni de carácter partidario. De ahí la prohibición del mandato imperativo.

2.4. Además el ejercicio de esta función representativa pone en juego en última instancia y tal como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional (STC 24/1990), el desempeño del derecho de sufragio pasivo contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución e, incluso, de manera refleja el propio sufragio activo del art. 23.1.

Segunda Excusa: La Ley Orgánica para la sucesión hay que votarla.

No. También se puede uno abstener incluso votar en contra. La misma Constitución reconoce esta posibilidad y que haya que convocar unas elecciones Constituyentes si alguno de las leyes orgánicas que garantiza la vigencia de los artículos básicos no puede ser desarrollada. En este caso además, tan solo con los votos del PP, UPyD, UPN y el resto de partidos que podrían apoyarlas sería necesario para la actual mayoría necesaria.

Tercera Excusa: No es el momento. 

La inestabilidad del país, no es precisamente por que se iniciara un proceso para cambiar la Constitución. La inestabilidad viene como consecuencia de grandes huecos en los derechos de los ciudadanos. El primer problema, la crisis territorial, no va a encontrar solución bajo los términos actuales del Estado de las Autonomías. Tal y como el PSOE ya ha defendido en la conferencia política y anteriormente en su declaración de Granada, es necesario viajar hacia un estado Federal en el que resolver esta cuestión. No es posible tal estado Federal sin cambiar la Constitución. Así lo reconoce el mismo pacto sellado entre socialistas ya la cabeza, Rubalcaba.

Los cambios que necesita el Estado de las Autonomía no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales. Si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional. Y eso significa restablecer un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978

¿Cree alguien posible “abrir el melón” de la constitución y no entrar en otros debates como el de la república o el laicismo? Sinceramente creo que sería de extraterrestres pensarlo, salvo que la idea fuera una reforma express como ya se hizo con el Art. 135 (con sus funestos resultados en la opinión pública) ¿Cuándo tendrá el PSOE un mejor momento para sugerir cambios constitucionales?

Yo creo que a partir de ahora, todos serán peores momentos. Antes de que otras fuerzas políticas encabecen el proceso, confío mucho más en mi partido para ello, por su experiencia, su memoria histórica y la capacidad para producir cambios sociales profundos cuando ciudadanía y partido van de la mano.

Que haya tantos millones de parados sin esperanza, que los recortes en educación, sanidad, dependencia, el deterioro de los derechos democráticos y participativos, dejan claro que solo cambios como una nueva Constitución garantizarían volver la tortilla del lado de la ciudadanía.

Cuarta Excusa: La derecha nunca quiere cambios en la Constitución.

Quizás la vía sea aceptar lo que la derecha diga al respecto (por ejemplo los intentos de Roca y Herrero de Miñón hace poco) , pero para ello no estamos en política, al menos yo no. Hay que lograr mayorías sociales dentro de un amplio espectro de partidos, de izquierdas y derecha. El caso del Art. 135 ya expresado, deja claro que no es verdad la afirmación.
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Conclusión: Abrir la vía republicana , exige marcar una ruta, sumar esfuerzos colectivos y ponerlos en el camino

¿Cómo es posible que los nacionalistas/independentistas catalanes hayan avanzado tanto en suamino? Porque hace muchos años que plantearon sus objetivos, hicieron una hoja de ruta y empezaron a cumplir los hitos que en ella marcaban.

Siendo el nacionalismo siempre una propuesta se separa, sediciosa, aunque basada en el derecho a decidir de los ciudadanos de decir a qué unidad nacional quieren pertenecer: ¿no sería mucho más fácil marcar una Vía Republicana, que puede integrar a ciudadanos de toda índole ideológica (incluso los monárquicos que quieran llegar a refrendar su posición) partidos, movimientos sociales, organizaciones empresariales y sindicales, mundo de las artes, trabajadores “transclase y transgeneracionales”, etc…? 

Esta vía republicana debería dejar de lado las tensiones electorales que actualmente vive la izquierda (con la olla a presión de la cada vez más segmentación del voto y las dificultades para la gobernabilidad que esto supondrá en 2015 en ayuntamientos, autonomías y en las elecciones generales. Para ello todos los grupos deben aceptar unos acuerdos de mínimos que conseguir, alejados de la lucha previa por el campo electoral.

El PSOE debe al menos respetar su pluralidad y dejar que militantes y votantes republicanos puedan cumplir estos hitos hacia la república. Eso solo puede llegar si del próximo Congreso Extraordinario nace una formación más diversa y con mayor debate interno, participación y poder de decisión colectivo. Los hitos que deben venir después deberán salir de un lugar de entendimiento común entre todas las diversas organizaciones y ciudadanos que en dicha mesa se presenten y representen.

Creo que si el PSOE quisiera encabezar el proceso podría ganar una gran legitimidad democrática de cara a las posibles elecciones constituyentes (otro paso en el camino) y ser el más influyente en la redacción del mismo texto. Cuando PSOE quiere hacer política es capaz de llevarse la contraria a sí mismo y aun así ganar la aprobación general. Esto es lo que ya hizo (a mal o bien) tras cambiar su postura en el Referéndum de la OTAN. Ahora está a tiempo de cambiar su postura sobre la República.

El fin de fiesta debería ser el referéndum que consolide todo el proceso y haga que los ciudadanos sientan suya la Constitución de nuevo cuño. Esto haría, que primero no sintieran que hay decisiones (como la elección del Jefe del Estado) que se le escapan a sus manos. Traería a muchos más activistas – de nueva tradición democrática- a los partidos y dejaría el peso de la soberanía en partidos llenos de ciudadanos.

Cuando esta semana he usado el hashtag #referendumYa en redes, esto que os he contado es en lo que estaba pensando.

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